“Corrieron el arco tres canchas más atrás”

Julio Raffo y Santiago Marino analizan la crisis del Incaa. Los especialistas en legislación cinematográfica advierten que el Fondo de Fomento del sector está cerca del vaciamiento y que hoy la Ley de Cine “es casi letra muerta”.

Desde abril de 2017, cuando eyectaron a Alejandro Cacetta de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) por supuestos casos de corrupción dentro del edificio de Lima 319, las políticas vinculadas a la producción nacional han estado, con mayor o menor intensidad, en el centro del debate. Sobre todo aquéllas vinculadas con el Fondo de Fomento, la vía que transitan prácticamente todas las películas para conseguir financiación y cuyas principales fuentes de recaudación son el 10 por ciento de cada entrada de cine, el mismo porcentaje del precio de venta de DVD’s y Blu-Ray’s y el 25 por ciento de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en concepto de gravámenes a los canales de televisión y servicios de cable. A esa discusión se suman los cambios en la lógica de un consumo cada hora más vinculado a la comodidad del sillón antes que a la experiencia colectiva de una sala oscura, la eterna promesa del Gobierno Nacional de sancionar una Ley de Convergencia Digital y una modificación en el Artículo 4 de la Ley de Cine que le quitaría al Fondo sus recursos específicos a partir del último día de 2022.

¿Qué tan cierto son esos pronósticos? ¿Cómo debería financiarse la producción audiovisual en un contexto muy distinto al que había en 1994, cuando se creó la norma ante la por entonces inminente muerte del cine nacional? ¿Mantiene su esencia luego de decenas de modificaciones? ¿Cómo debería insertarse el streaming en el mapa de financiamiento audiovisual? Aprovechando la flamante edición por parte de DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) de una versión actualizada del libro “Ley de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica comentada”, su autor, el director y abogado Julio Raffo, y Santiago Marino, docente de la UBA y la Universidad de Quilmes y autor del libro Políticas de comunicación del sector audiovisual: modelos divergentes, resultados equivalentes. TV cable y cine en Argentina 1989-2007, analizan la actual coyuntura del mundo de las pantallas.

Raffo, el libro es una actualización de la edición publicada en 2003. ¿Con qué panorama se encontró cuando se propuso volver a comentar los artículos de la Ley de Cine?

Julio Raffo: –Tenemos una Ley de Cine muy buena que siempre hay que ajustar a las circunstancias, pero los principios de compensar la deformación generada por las majors que ocupan la mayoría de nuestras pantallas están bien. La ley prevé la protección de nuestro cine, su financiamiento y desarrollo. El problema no es la ley, sino los graves incumplimientos que, en muchos casos, vienen desde antes y ahora se han profundizado. A su vez, se ha hecho un nuevo Plan de Fomento que divide a las producciones según sean de “Audiencia masiva” o “media” y cuyos principios tienen a favorecer a las grandes producciones.

Santiago Marino: –La Argentina tiene una normativa que podría pensarse como la única política de Estado para el sector audiovisual en su conjunto. Si uno ve lo que se hizo para la televisión y otros sectores audiovisuales desde 1994, son todas idas y vueltas. Sin embargo, en los últimos años atravesamos un contexto donde la ley es casi letra muerta y hay muchas dificultades para garantizar los compromisos que establece. Es importante remarcar que no estamos hablando del Estado resignando partidas de Salud, Educación o Seguridad. Cuando en tiempo de crisis económica uno reclama que tiene que haber fondos para la producción audiovisual, muchos dicen que cómo se pretende eso si no hay bombitas en los hospitales. Pero se trata de la reorientación de partidas propias del sector audiovisual. El cine se financia con dinero que no es del erario público; no es plata que se deja de poner en escuelas, sino que se reorientan partidas.

En ese sentido, Raffo publicó hace unas semanas una columna en el sitio Otroscines en la que afirma que “a partir del 31 de diciembre de 2022 se vaciará el Fondo de Fomento”. ¿Qué está ocurriendo?

J. R.: –El vaciamiento es el efecto. El Fondo se nutre de impuestos que tienen afectación específica y la AFIP tiene la obligación de enviar diariamente ese dinero al Instituto. A partir de diciembre 2022, ese impuesto va a entrar en Rentas Generales, por lo que se acaba la afectación específica y los ingresos directos al Instituto. Eso va a obligar al presidente del Instituto a que cada año tenga que ir a “pelearse” por los fondos con los ministerios y el resto de las dependencias públicas. Además, la producción de cine tiene un ciclo de por lo menos tres años entre que se piensa la idea y se terminan de cobrar los subsidios. Es decir que si hoy presentó un proyecto, no puedo saber si dentro de tres años y medio habrá asignación de recursos. Muchos dicen que los recursos del Fondo van a mantenerse, pero eso tendría que ser aprobado por diputados que todavía no sabemos quiénes van a ser.

¿Esto no iría en contra de la autarquía del Incaa?

J. R.: –Por supuesto. La autarquía dice que es un ente público no estatal, lo que la da libertad para manejar sus recursos libremente. Esos recursos salen de normas impositivas que tienen afectaciones específicas. Si le sacamos esa afectación, sigue siendo autárquico pero sin dinero.

S. M.: –El Incaa perdió la autarquía por unos meses durante la crisis de 2001, pero lo recuperó en 2002. Esa situación derivó en la ampliación de derechos, porque en ese momento se logró una línea de financiación para documentales políticos que no había. Nunca se sabe dónde ni cómo terminan las cosas, pero ahora corrieron el arco tres canchas más atrás. Eso a su vez se relaciona con que hoy está puesto en discusión el rol del Estado para tomar decisiones en términos de comunicación y cultura: como en Internet estamos todos, no es necesario que el Estado regule los medios. ¿Para qué querrías un Fondo de Fomento si una cámara HD es barata? Parece alocado, pero aparecen argumentos de ese estilo, sobre todo para la radio y la tele. Hay que salir de la trampa de “gasas, escuelas o películas” y generar verdaderas condiciones de autarquía.

Marino, usted recién mencionaba la relación del Estado e Internet. ¿Cómo afectan los sitios de streaming la lógica del sistema audiovisual?

S. M.: –No puede negarse que hay un cambio en el comportamiento de las audiencias y los públicos, así como tampoco que el cine convive con otras formas de exhibición que no significan un robustecimiento del Fondo de Fomento pero sí se están apropiando de la producción local. Tanto los OTT (Over-The-Top) locales, como Qubit, como los extranjeros, como Netflix, identifican que hay un público que demanda contenido local, ya sean películas o series. Sin embargo, sobre todo los extranjeros desarrollan una oferta basada en sus intereses, con productos con actores taquilleros y acuerdos con las mismas productoras que antes se aprovecharon del Estado para llevar adelante sus proyectos. Hoy El marginal es un éxito en Netlix, pero si el Estado argentino no la hubiera financiado en sus comienzos, esa serie no existiría.

J. R.: –Hoy los consumidores, y no Netflix, estamos pagando un IVA que no se reorienta a la producción. El streaming produjo una anomalía en perjuicio de nuestro cine, porque el 10 por ciento de cada entrada va al Fondo de Fomento, algo que no ocurre con el impuesto que se les cobra a esos sitios. El acto en sí es igual: comercializar la exhibición de películas. Lo único que cambia es la plataforma.

¿Qué se podría hacer frente a eso?

S. M.: –Quizás sería bueno, y con efectos tangibles en el corto plazo, que parte del IVA que se cobran por los OTT se destinen al Fondo. Pero también se podría generar otro vínculo entre el Estado y esos OTT para que, por ejemplo, producir en la Argentina con trabajo nacional redunde en la generación de capacidad productiva. Y un mecanismo para otra instancia sobre la que hemos discutido poco en la historia de las políticas de cine, que es cómo explotar la exportación de esos productos. Con jugadores como Netflix la exportación viene implícita.

En ese sentido, Francia cobra un impuesto a sitios de streaming como Netflix y Youtube para financiar su cine.

S. M.: –Sí, pero hay que tener en cuenta que Europa tiene una tradición de defensa a la industria local no solo mediante cuotas de pantalla o de producción, sino también de traducción simultánea y doblaje. Las cuestiones culturales no pueden desvincularse de la trayectoria de los países. Sin caer en soluciones mágicas, es necesario pensar estrategias colectivas de defensa de la producción local, como vincular algunos lineamientos regionales con políticas novedosas que no deberían agotarse en, por ejemplo, que un determinado porcentaje del catálogo de Netflix tenga que ser argentino. Eso podría tener el efecto contrario, o sea, que Netflix baje la cantidad total de contenido para cumplir esa cuota con poca producción local. Se debería pensar en una combinación de cuestiones impositivas, estímulos a la producción y otros agregados relacionados con, por ejemplo, la interfaz. Si vos le pedís a Netflix que incluya cine argentino pero esa oferta no está en la ventana principal, va ser lo mismo porque nadie se va a enterar. En ese sentido, encuentro un rasgo desparejo en cuanto a las políticas, porque por un lado tenemos la desidia y las ventajas para el sector trasnacional, y por otro algunas buenas iniciativas con poca visibilidad como el desarrollo de plataformas digitales del propio Estado. Cine.ar, por ejemplo, es una buena experiencia que combina la posibilidad de ver estrenos pagando muy poca plata con contenido gratuito.

Desde prácticamente el comienzo de su mandato el Gobierno viene prometiendo una Ley de Convergencia Digital…

S. M.: –El gobierno de Mauricio Macri asumió con una idea clara de desguazar la estructura heredada en materia de radiodifusión basándose en la tesis de que la convergencia nos hará “libres e iguales”. Se metió en una encrucijada de presiones del Grupo Clarín, que sería el campeón nacional, y Telefónica, el campeón extranjero, que tienen intereses irreconciliables, y quedó a mitad de camino. Durante dos años una comisión de especialistas –y no tanto– discutió una ley, pero esa comisión se disolvió y nunca se presentó el proyecto. Además, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual quedó desguazada en su intención de desconcentrar. Más allá de las reacciones espasmódicas e individuales, no avizoro en el corto plazo un marco normativo, sobre todo en medio de un proceso electoral.

En el hipotético caso de que en algún momento apareciera un proyecto de ley con chances serias de tener tratamiento parlamentario, ¿cómo debería encuadrarse el cine?

S. M.: –Ese proyecto debería dialogar con la Ley de Cine y crear un marco regulatorio que dé cuenta del espacio audiovisual ampliado. Las formas de producción, distribución y consumo que históricamente eran divergentes ahora empiezan a ser convergentes, pero no se puede desconocer que hay productos que son estrictamente cine, otros para un consumo no necesariamente cinematográfico y también contenidos televisivos tradicionales. A tal punto es así que si uno evalúa la estrategia comercial de Netflix, queda claro que quiere convertirse en un sello cinematográfico. En ese sentido, creo que hay que vehiculizar mecanicismos de fomento a la producción local en múltiples espacios y plataformas que garanticen la convivencia, leyendo incluso el modo en que el mercado produce en un contexto de crisis para el cine pero no tanto para la televisión paga y los OTT. Lo que estamos viendo son acuerdos entre canales o productoras locales y señales extranjeras u OTT que hacen que el contenido se estrene en un canal y al otro día esté disponible en alguna plataforma. El mercado sabe que Netflix no se come a la tele ni reemplaza al cine, sino que hay públicos con prácticas culturales diferentes que conviven.

J. R.: –Adhiero a todo, y sumaría el tema de la captación de recursos, porque no puede haber política de fomento eficiente sin recursos. Y esa captación, según nuestra Ley de Cine, se da donde se comercialice contenidos audiovisuales, por lo tanto tienen que generarse los recursos para el Fondo de Fomento y políticas de protección y desarrollo para nuestros productos. El cine es un contenido narrativo en el que se acumula nuestra identidad y acervo cultural. Esas películas, incluso aquéllas nefastas que se hicieron durante la dictadura, son la ventana a nuestra historia.

Fuente: Página 12 – Por Ezequiel Boetti

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